Las redadas laborales de ICE han aumentado en Pensilvania, generando preocupación entre empresarios y defensores de los derechos humanos. En Kennett Square, agentes migratorios arrestaron a varios trabajadores de Chavos Tires por “violaciones administrativas de inmigración”. La empresa agradeció el apoyo de la comunidad y aseguró que seguirá operando. Días antes, en un autolavado de Filadelfia, ICE detuvo a siete personas sin presentar orden judicial, según el dueño del negocio. Algunos empleados llevaban más de 15 años trabajando allí. Estos operativos coinciden con la aplicación de la Laken Riley Act, la primera ley firmada por Donald Trump en su segundo mandato. La norma amplió las facultades del gobierno para detener inmigrantes sin documentación, permitiendo la retención de personas con cargos pendientes sin revisión judicial. Derek DeCosmo, abogado de inmigración, explicó que ICE ha comenzado a liberar detenidos por falta de espacio en centros de reclusión, pese al aumento de inspecciones laborales y la verificación del formulario I-9, usado para certificar la elegibilidad de trabajadores. Los operativos reflejan la política migratoria más agresiva del gobierno de Trump, dejando en incertidumbre a miles de empleados en todo el país.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció una redada migratoria en la comunidad hispana Colony Ridge, al norte de Houston, como parte de su colaboración con la administración de Donald Trump. El operativo del lunes resultó en 118 arrestos, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), aunque la agencia solo reveló la identidad de un detenido. Abbott y políticos republicanos han señalado Colony Ridge como un “imán para inmigrantes ilegales”, pese a que la comunidad, donde viven 40,000 personas, ha sido descrita por autoridades locales como un barrio común. Activistas documentaron en vivo la llegada de agentes migratorios, instando a los residentes a no firmar documentos ni hablar. La empresa Colony Ridge Land LLC, desarrolladora del área y donante de la campaña de Abbott, ha negado las acusaciones de vender tierras a inmigrantes indocumentados. Su directivo, William Trey Harris, criticó que el Estado actúe basado en “mentiras y chismes”. Mientras tanto, en Washington, el zar de la frontera de Trump, Tom Homan, afirmó que este operativo es solo la primera fase de una investigación más amplia, sugiriendo que habrá más redadas en el futuro.

El IMSS admite no tener suficientes medicamentos contra el cáncer, pero en lugar de enfocarse en resolver el desabasto, ha impugnado al menos 78 amparos que ordenan entregar medicinas a pacientes. Documentos judiciales revelan que el instituto prefiere pelear en tribunales antes que garantizar el derecho a la salud. En Jalisco, una mujer obtuvo un amparo para recibir tratamiento vital, pero el IMSS intentó revocar la orden. Mientras pacientes luchan por su vida, el organismo parece más interesado en ganar juicios que en salvar vidas.

La presidente Claudia Sheinbaum llamó al gobierno de Donald Trump a priorizar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) frente a las nuevas medidas arancelarias que busca imponer. En su conferencia matutina, destacó que un equipo mexicano negocia en Washington para evitar los impuestos. Trump suspendió por un mes un arancel del 25% a productos mexicanos y planea aplicar otro al acero y aluminio el 12 de marzo. Sheinbaum negó que EE.UU. condicione acuerdos y reiteró su compromiso de fortalecer el T-MEC como pilar económico regional.

Un juez federal de Maryland bloqueó parcialmente la medida del presidente Donald Trump que permitía a ICE realizar redadas en lugares de culto. El juez Theodore Chuang falló a favor de organizaciones religiosas cuáqueras, baptistas y sijs, argumentando que estas acciones violan la Primera Enmienda, al disuadir a los inmigrantes de asistir a servicios religiosos por temor a ser arrestados. Aunque la decisión no aplica a nivel nacional, protege a las comunidades demandantes. El juez destacó que incluso inmigrantes con estatus legal evitan estos espacios por miedo a ser confundidos con indocumentados.

Vestida con chaleco antibalas en Nueva York, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue tajante frente a las cámaras: “Vamos a sacar a estos delincuentes de las calles”, afirmó durante una redada migratoria el pasado 28 de enero. El video, difundido por Noem y la Casa Blanca, muestra a agentes de ICE ejecutando redadas como parte del plan de deportaciones masivas del presidente Donald Trump. Sin embargo, los datos muestran otra realidad: las deportaciones siguen por debajo del promedio mensual registrado durante la administración Biden. La falta de transparencia preocupa a expertos, ya que ICE solo comparte cifras selectivas con ciertos medios. Mientras en febrero hubo un leve aumento en detenidos —41,600 personas—, más de la mitad no tiene antecedentes criminales. Además, ICE dejó de publicar actualizaciones diarias tras notar que las cifras se estancaban. Activistas migratorios también denuncian que no hay información pública sobre los arrestados ni los cargos que enfrentan, complicando su defensa legal. Aunque el gobierno planea ampliar su capacidad en bases militares para albergar hasta 30,000 detenidos adicionales, persisten las críticas sobre la efectividad y la opacidad de estas operaciones.

El gobierno de Canadá catalogó como grupos terroristas al Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo, Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana, además de las pandillas centroamericanas Mara Salvatrucha y Tren de Aragua. El anuncio fue hecho por el ministro de Seguridad Pública, David McGuinty, quien explicó que esta medida permitirá a las autoridades intensificar el seguimiento de las rutas de dinero y las técnicas de blanqueo. Con esta decisión, Canadá se alinea con Estados Unidos, que oficializó la designación tras órdenes de Donald Trump.

La senadora Catherine Cortez Masto se unió a Jacky Rosen y otros legisladores para presentar el proyecto Born in the USA Act, que busca bloquear la orden ejecutiva del presidente Trump que intenta eliminar la ciudadanía automática a niños nacidos en EE.UU. El proyecto impediría el uso de fondos públicos para aplicar esta medida, considerada inconstitucional. Cortez Masto afirmó: “Trump no puede cambiar la Constitución con solo firmar un papel”. Por su parte, Rosen recalcó que “nacer en EE.UU. te hace ciudadano” y llamó a defender ese derecho fundamental. Boletin original Today, U.S. Senator Catherine Cortez Masto (D-NV) joined Senator Jacky Rosen (D-Nev.) and eight of her colleagues in introducing the Born in the USA Act to effectively block the implementation of President Trump’s unconstitutional Executive Order attempting to end automatic citizenship for children born in the United States. This bill would prevent any government funds from being used to carry out or enforce this directive, which violates the U.S. Constitution. “President Trump can’t change the Constitution with a swipe of his pen,” said Senator Cortez Masto. “Any child born in the United States is a citizen of the United States, and we will hold this administration accountable for their attempt to deny that right.” “The U.S. Constitution is abundantly clear that if you are born in the United States, then you are a citizen,” said Senator Rosen. “I’m leading my Senate colleagues in introducing this bill to stop President Trump’s unconstitutional attempt to end automatic citizenship for those born here.” The first and only Latina senator, Senator Cortez Masto has consistently supported immigrant communities in Nevada, calling on both administrations to protect TPS holders and other immigrants, as well as leading commonsense legislation to fix our broken immigration system. She has worked to pass meaningful immigration reform that balances critical border security measures with a path to citizenship for Dreamers, TPS holders, and essential workers, and she’s pushed legislation to allow Dreamers and TPS holders to work in Congress.

Cuatro explosiones, incluido un coche bomba, sacudieron las ciudades colombianas de Villa del Rosario y Cúcuta, en la frontera con Venezuela, entre la noche del miércoles y la mañana del jueves. Las autoridades reportaron seis heridos y señalaron al ELN como principal sospechoso. Los ataques ocurrieron en un peaje y centros policiales. El secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, calificó los hechos como “terroristas”. La región vive alta tensión tras la suspensión de diálogos de paz con el ELN por parte del presidente Gustavo Petro en enero pasado.

El gobierno de Donald Trump designó a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas globales. La medida, oficializada en el Registro Federal, incluye al Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, Cártel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana y el Cártel del Noreste. La designación, que entrará en vigor el 20 de febrero, amplía las acciones legales contra estos grupos. También se incluyeron a la Mara Salvatrucha (MS-13) y al Tren de Aragua. El presidente Trump argumentó que estas organizaciones representan una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos.