La agencia de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, podrá notificar con tan solo seis horas de anticipación una deportación a un tercer país en casos de emergencia. Así lo indica un nuevo memorando interno, donde se aclara que esta medida aplicará “en circunstancias de apremio” y siempre que la persona haya tenido la oportunidad de hablar con un abogado. Organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación, pues este aviso tan corto podría impedir que los inmigrantes se defiendan adecuadamente o contacten a sus familias. El memorando no especifica qué situaciones calificarían como “circunstancias de apremio”.

A pesar de los miles de millones aprobados para deportaciones masivas, una nueva encuesta de Gallup muestra que la mayoría de los estadounidenses rechaza las políticas migratorias extremas del presidente Donald Trump. Solo 30% quiere reducir la inmigración, una caída notable frente al 55% del año pasado. Además, 79% cree que la inmigración es buena para el país, y 78% apoya una vía a la ciudadanía para indocumentados, incluyendo 59% de los republicanos. Mientras Trump insiste en endurecer medidas, los votantes parecen cada vez más abiertos y solidarios con la comunidad inmigrante.

El presidente Trump firmó una nueva ley que destina cerca de 170 mil millones de dólares a la persecución de inmigrantes indocumentados. Con ese dinero, ICE podrá duplicar su capacidad de detención, alcanzando hasta 100 mil personas detenidas al mismo tiempo, incluidos adultos solos y familias con niños. La ley también autoriza el uso de bases militares y Guantánamo para albergar detenidos. Además, $30 mil millones serán usados para contratar 10 mil nuevos oficiales de deportación, modernizar aviones y ampliar acuerdos con policías locales. Expertos advierten que esta legislación “supercarga” los operativos de inmigración.

Una jueza federal en Tennessee rechazó este domingo la solicitud del Departamento de Justicia para mantener detenido a Kilmar Abrego García antes de su juicio penal.La jueza Barbara Holmes afirmó que, aunque su decisión no libere al acusado por su detención migratoria pendiente, debe garantizarse el debido proceso, principio que —dijo— ha sido ignorado por el gobierno en este y otros casos.Abrego fue deportado ilegalmente a El Salvador en marzo y luego traído de vuelta en junio, donde enfrenta cargos por presunto transporte de inmigrantes indocumentados.Su liberación bajo fianza podría retrasarse por nuevas apelaciones del gobierno.

Cientos de personas se manifestaron anoche frente a la Corte Federal de Las Vegas para protestar contra los operativos migratorios en todo el país. La protesta, que comenzó pacíficamente a las 7 p.m. cerca de Las Vegas Boulevard y Clark Avenue, fue monitoreada por la policía. Sin embargo, alrededor de las 9 p.m. las autoridades declararon la reunión como ilegal y ordenaron la dispersión, advirtiendo que quienes no se retiraran serían arrestados o multados. Varios manifestantes fueron detenidos. Según la ACLU de Nevada, se utilizaron balas de pimienta y gases lacrimógenos. La organización denunció el uso excesivo de fuerza durante una protesta pacífica.

La preocupación por las redadas migratorias sigue creciendo en Las Vegas luego de que seis solicitantes de asilo fueran detenidos el martes por la mañana al presentarse a sus audiencias en la Corte de Inmigración. Según Michael Kagan, director de la Clínica de Inmigración de UNLV, los seis acudieron al tribunal siguiendo el proceso legal, pero fueron sorprendidos por agentes de ICE. Kagan explica que, tras ser informados de que sus casos serían desestimados, los solicitantes salieron del tribunal y fueron arrestados inmediatamente afuera por oficiales migratorios. Los detenidos fueron llevados al Centro de Detención del Sur de Nevada en Pahrump, y Kagan advierte que esta acción podría haber violado sus derechos al debido proceso. Además, teme que esto genere miedo entre otras personas con audiencias pendientes, provocando que no se presenten, lo cual agravaría su situación legal. Kagan enfatiza:“Si tienes cita en corte migratoria, debes asistir. No ir solo empeora todo.” La Clínica de Inmigración de UNLV mantendrá su presencia en las audiencias para ofrecer apoyo legal ante casos similares.

El nuevo plan de “autodeportación” de Donald Trump promete $1,000 y la posibilidad de volver a EE.UU. en el futuro, pero la realidad es muy distinta. La orden ejecutiva exige una salida “permanente”, lo que activa castigos migratorios de hasta 10 años sin poder regresar. Además, quienes acepten podrían perder protecciones legales y arriesgar bienes personales. Aunque se anuncia como una alternativa “voluntaria”, la presión incluye amenazas de arresto, multas y cárcel. Expertos advierten que se trata de un “truco” legal con consecuencias graves. Antes de tomar una decisión, consulta con un abogado de confianza.

La Corte Suprema de Estados Unidos aprobó la solicitud de emergencia del gobierno de Donald Trump para cancelar las protecciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) a cientos de miles de migrantes venezolanos. La medida suspende una orden judicial previa que bloqueaba a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin al TPS. En desacuerdo, el juez federal Edward Chen había calificado la decisión de “sin precedentes” y basada en estereotipos negativos, advirtiendo que provocaría daños irreparables a familias y economías locales. Expertos legales insisten en que la política está motivada por prejuicios inconstitucionales y debe seguir impugnándose en los tribunales.

Un nuevo caso de deportación irregular sacude la administración Trump. Se trata de O.C.G., un hombre gay guatemalteco, quien huyó por persecución debido a su orientación sexual. Aunque un juez prohibió su envío a Guatemala, agentes lo deportaron a México, donde ya había denunciado haber sido violado. El gobierno admitió que no puede identificar a ningún oficial que le preguntara si temía volver a México, como afirma haber declarado. A pesar del error, el gobierno se niega a facilitar su regreso. O.C.G. ahora permanece escondido en Guatemala, mientras sus abogados exigen una orden judicial que repare esta injusticia.

Migrantes hondureños y colombianos que aceptaron salir voluntariamente de Estados Unidos utilizaron la aplicación CBP Home para formalizar su retorno y recibieron apoyo económico. En Honduras, los retornados ingresaron al programa “Hermano, Hermana, Vuelve a Casa”, que otorga $100 dólares en vales, ayuda alimentaria y orientación laboral. En Colombia, fueron asistidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Departamento para la Prosperidad Social. Esta iniciativa forma parte de las nuevas políticas migratorias de Donald Trump, que combinan apoyo a salidas voluntarias con medidas más duras, como detenciones masivas y traslados forzosos a prisiones de alta seguridad.