La Corte Suprema de Estados Unidos aprobó la solicitud de emergencia del gobierno de Donald Trump para cancelar las protecciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) a cientos de miles de migrantes venezolanos. La medida suspende una orden judicial previa que bloqueaba a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin al TPS. En desacuerdo, el juez federal Edward Chen había calificado la decisión de “sin precedentes” y basada en estereotipos negativos, advirtiendo que provocaría daños irreparables a familias y economías locales. Expertos legales insisten en que la política está motivada por prejuicios inconstitucionales y debe seguir impugnándose en los tribunales.

Un nuevo caso de deportación irregular sacude la administración Trump. Se trata de O.C.G., un hombre gay guatemalteco, quien huyó por persecución debido a su orientación sexual. Aunque un juez prohibió su envío a Guatemala, agentes lo deportaron a México, donde ya había denunciado haber sido violado. El gobierno admitió que no puede identificar a ningún oficial que le preguntara si temía volver a México, como afirma haber declarado. A pesar del error, el gobierno se niega a facilitar su regreso. O.C.G. ahora permanece escondido en Guatemala, mientras sus abogados exigen una orden judicial que repare esta injusticia.

Migrantes hondureños y colombianos que aceptaron salir voluntariamente de Estados Unidos utilizaron la aplicación CBP Home para formalizar su retorno y recibieron apoyo económico. En Honduras, los retornados ingresaron al programa “Hermano, Hermana, Vuelve a Casa”, que otorga $100 dólares en vales, ayuda alimentaria y orientación laboral. En Colombia, fueron asistidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Departamento para la Prosperidad Social. Esta iniciativa forma parte de las nuevas políticas migratorias de Donald Trump, que combinan apoyo a salidas voluntarias con medidas más duras, como detenciones masivas y traslados forzosos a prisiones de alta seguridad.