Un dron de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) fue derribado accidentalmente por el Ejército de Estados Unidos en la frontera sur, cerca de El Paso, Texas, según confirmaron legisladores federales. Tecnología avanzada, resultado inesperado De acuerdo con miembros del Congreso, el dron fue abatido mediante un sistema antidrones basado en tecnología láser, considerado de “alto riesgo”. El incidente ocurrió en la zona de Fort Hancock y provocó el cierre temporal del espacio aéreo por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA). Críticas por falta de coordinación Legisladores demócratas señalaron que el hecho evidencia problemas de coordinación entre el Departamento de Defensa, el Departamento de Seguridad Nacional y la FAA. También recordaron que anteriormente se evitó aprobar una ley bipartidista para capacitar adecuadamente a los operadores de estos sistemas. Las autoridades federales continúan revisando qué falló, mientras la FAA mantiene restricciones aéreas en el área.

El cierre parcial del gobierno federal continúa, pero el debate ya no gira solo en torno al presupuesto, sino a un tema clave: agentes federales que realizan operativos con el rostro cubierto, sin identificación visible para las personas detenidas. Demócratas sostienen que esta práctica impide saber quién está realizando la detención y cómo presentar cargos, quejas o recursos legales contra un agente específico. En contraste, el DHS afirma que cubrir el rostro protege a su personal del doxxing y amenazas contra ellos y sus familias. El zar fronterizo Tom Homan reiteró en Face the Nation que la administración no aceptará retirar las mascarillas ni imponer nuevos requisitos de identificación. La negociación presupuestaria no se retomará hasta finales de mes. Mientras tanto, el impacto inmediato recae en trabajadores federales como los agentes de la TSA, quienes continúan garantizando la seguridad aérea sin recibir salario, repitiendo un escenario ya vivido en cierres anteriores. Las operaciones de ICE y CBP siguen activas con fondos previamente asignados.

ICE anunció una expansión histórica de su red de detención, con una meta de 92,600 camas para respaldar lo que la agencia describe como la capacidad de “efectuar deportaciones masivas”. El memorando interno detalla ocho mega-centros —operativos para noviembre—, 16 centros regionales para estadías de tres a siete días y la compra de instalaciones existentes para consolidar contratos y centralizar operaciones. El financiamiento proviene de asignaciones del Congreso bajo el One Big Beautiful Bill Act. La agencia también informó la contratación de 12,000 nuevos oficiales, anticipando un incremento sostenido de arrestos. En comparecencia ante el Congreso, el director interino Todd Lyons señaló que existen 1.6 millones de órdenes finales de deportación en el país, aproximadamente 800,000 con antecedentes penales. Añadió que en Minnesota hay 16,840 órdenes finales pendientes, estado que se ha convertido en foco de resistencia a la aplicación migratoria. Por su parte, el zar fronterizo Tom Homan anunció una reducción temporal de recursos de campo para recalibrar operaciones mientras escala la capacidad de arresto y detención.

El cierre parcial del gobierno federal continúa, pero el debate ya no gira solo en torno al presupuesto, sino a un tema clave: agentes federales que realizan operativos con el rostro cubierto, sin identificación visible para las personas detenidas. Demócratas sostienen que esta práctica impide saber quién está realizando la detención y cómo presentar cargos, quejas o recursos legales contra un agente específico. En contraste, el DHS afirma que cubrir el rostro protege a su personal del doxxing y amenazas contra ellos y sus familias. El zar fronterizo Tom Homan reiteró en Face the Nation que la administración no aceptará retirar las mascarillas ni imponer nuevos requisitos de identificación. La negociación presupuestaria no se retomará hasta finales de mes. Mientras tanto, el impacto inmediato recae en trabajadores federales como los agentes de la TSA, quienes continúan garantizando la seguridad aérea sin recibir salario, repitiendo un escenario ya vivido en cierres anteriores. Las operaciones de ICE y CBP siguen activas con fondos previamente asignados.

Un veterano del Cuerpo de Marines afirmó que su esposa fue detenida por Immigration and Customs Enforcement durante una entrevista migratoria que se suponía sería un paso más hacia la ciudadanía estadounidense, en Las Vegas. Patrick Baja relató que ambos acudieron el miércoles por la mañana a una cita en U.S. Citizenship and Immigration Services, pero minutos después de iniciada la entrevista, agentes migratorios ingresaron y se llevaron a Diana Butnarchuk bajo custodia federal. Según Baja, su esposa ingresó legalmente al país desde Moldavia con asilo político, no tiene antecedentes penales y ha trabajado durante más de una década en el Wynn Las Vegas. La familia creía que una orden de deportación previa estaba suspendida. La abogada migratoria Jocelyn Cortez explicó que estos casos suelen involucrar órdenes antiguas de remoción y la intervención de distintas agencias federales, lo que puede derivar en detenciones incluso durante trámites legales. Butnarchuk permanece detenida en el Henderson Detention Center, mientras su esposo espera que un juez permita reabrir el caso para que pueda continuar su proceso migratorio.

Las negociaciones para asegurar financiamiento a largo plazo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) siguen estancadas luego de que los demócratas rechazaran una contrapropuesta presentada por la administración del presidente Donald Trump. Los líderes demócratas en el Congreso condicionaron cualquier acuerdo a reformas en las prácticas de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Entre las exigencias se incluyen operativos dirigidos, prohibición del uso de máscaras, identificación obligatoria, protección de lugares sensibles como escuelas, hospitales, iglesias y centros de votación, así como el uso de cámaras corporales y mayor supervisión estatal y local. El desacuerdo ocurre mientras se acerca la fecha límite de este viernes, aumentando el riesgo de un cierre parcial del DHS. No obstante, expertos señalan que las operaciones de ICE podrían continuar, ya que la agencia ha recibido financiamiento significativo mediante legislaciones previas.

El Departamento de Seguridad Nacional presentó este 5 de febrero de 2026 una moción para acelerar el proceso de deportación de Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su familia, empujando su caso hacia una posible expulsión del país. La moción se presentó poco después de que un juez federal ordenara la liberación de Liam y su padre de la detención del ICE, tras una fuerte reacción pública y mediática a nivel nacional. De acuerdo con los abogados de la familia, el gobierno actuó de manera indebida al detenerlos y trasladarlos a Texas, a miles de kilómetros de su hogar en Minnesota, luego de que Liam regresara de la guardería. La familia solo recuperó su libertad tras la intervención del tribunal federal. Durante años, el DHS ha sostenido que sus esfuerzos de control migratorio están dirigidos a criminales violentos, traficantes y personas consideradas una amenaza para la seguridad pública. Sin embargo, este caso vuelve a cuestionar esa narrativa. La aceleración del proceso de asilo contra un niño de 5 años y su familia refuerza las críticas de que la política migratoria actual se dirige a los más vulnerables, no a los casos más peligrosos o complejos.

Las vacunas han salvado más de 150 millones de vidas en los últimos 50 años, pero expertos advierten que recientes decisiones del gobierno federal están debilitando el sistema de vacunación en Estados Unidos, con consecuencias que ya comienzan a materializarse. Desde 2025, el Departamento de Salud ha reducido la independencia de los comités científicos que regulan las vacunas, limitado la asesoría de expertos y reabierto debates científicos que habían sido resueltos hace décadas. Estas medidas no prohíben las vacunas de forma directa, pero dificultan su acceso, encarecen su desarrollo y erosionan la confianza pública. El impacto es especialmente preocupante en poblaciones vulnerables. Recientemente, autoridades confirmaron casos de sarampión en un centro de detención migratoria en Texas, lo que obligó a imponer cuarentenas y suspender movimientos internos. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por el aire y puede ser grave, sobre todo en niños, personas mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados. Datos de los CDC muestran un repunte nacional de casos, fenómeno que expertos atribuyen directamente a la caída en las tasas de vacunación. Antes de la introducción de la vacuna, el sarampión causaba cientos de muertes y decenas de miles de hospitalizaciones cada año en el país. Especialistas advierten que debilitar la política de vacunación no solo afecta a quienes deciden no vacunarse, sino que pone en riesgo a comunidades enteras, particularmente a personas migrantes detenidas, donde una enfermedad prevenible puede convertirse rápidamente en una crisis de salud pública.