Las vacunas han salvado más de 150 millones de vidas en los últimos 50 años, pero expertos advierten que recientes decisiones del gobierno federal están debilitando el sistema de vacunación en Estados Unidos, con consecuencias que ya comienzan a materializarse. Desde 2025, el Departamento de Salud ha reducido la independencia de los comités científicos que regulan las vacunas, limitado la asesoría de expertos y reabierto debates científicos que habían sido resueltos hace décadas. Estas medidas no prohíben las vacunas de forma directa, pero dificultan su acceso, encarecen su desarrollo y erosionan la confianza pública. El impacto es especialmente preocupante en poblaciones vulnerables. Recientemente, autoridades confirmaron casos de sarampión en un centro de detención migratoria en Texas, lo que obligó a imponer cuarentenas y suspender movimientos internos. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por el aire y puede ser grave, sobre todo en niños, personas mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados. Datos de los CDC muestran un repunte nacional de casos, fenómeno que expertos atribuyen directamente a la caída en las tasas de vacunación. Antes de la introducción de la vacuna, el sarampión causaba cientos de muertes y decenas de miles de hospitalizaciones cada año en el país. Especialistas advierten que debilitar la política de vacunación no solo afecta a quienes deciden no vacunarse, sino que pone en riesgo a comunidades enteras, particularmente a personas migrantes detenidas, donde una enfermedad prevenible puede convertirse rápidamente en una crisis de salud pública.

Un juez federal ordenó al gobierno de Estados Unidos liberar a un niño de cinco años y a su padre, detenidos en un centro de inmigración en Texas luego de ser arrestados por agentes federales en un suburbio de Minneapolis el mes pasado. En una resolución ampliamente crítica, el juez Fred Biery, del Distrito Oeste de Texas, afirmó que el caso tiene su origen en la persecución gubernamental de cuotas diarias de deportación, una política que, según escribió, ha sido implementada de manera “mal concebida e incompetente”, incluso cuando conlleva la traumatización de niños. En su fallo, Biery sostuvo que resulta “aparente la ignorancia del gobierno sobre un documento histórico estadounidense llamado la Declaración de Independencia”, y sugirió que las acciones actuales del Ejecutivo recuerdan a los abusos denunciados por Thomas Jefferson contra el dominio británico. El juez también incluyó en su orden una fotografía del menor y referencias bíblicas, un recurso poco habitual en resoluciones judiciales, para subrayar el impacto humano del caso. Biery ya había determinado previamente que el niño y su padre no podían ser deportados, al menos de forma temporal. La orden establece que ambos deben ser liberados a más tardar el martes. El caso se produce en un contexto de mayor presión federal para incrementar arrestos migratorios, luego de que la Casa Blanca confirmara una meta de 3,000 detenciones diarias. Hasta el momento, voceros del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional no han emitido comentarios sobre la resolución.

La Electronic Frontier Foundation (EFF), una organización no lucrativa especializada en la defensa de libertades civiles en el ámbito digital, alertó que ICE emplea tecnología de la empresa Palantir para analizar datos de Medicaid y otras fuentes con fines de control migratorio. De acuerdo con la EFF, la herramienta —denominada Enhanced Leads Identification & Targeting for Enforcement (ELITE)— permite generar mapas con posibles objetivos de deportación, crear expedientes individuales y estimar la probabilidad de que una persona se encuentre en una dirección determinada. Esta información, señala la organización, proviene del Departamento de Salud y Servicios Humanos y de otras bases de datos gubernamentales. Según la EFF, esta práctica podría vulnerar la privacidad de millones de personas. La organización ha recurrido a acciones legales y ha solicitado al Congreso establecer límites al uso de estas tecnologías.

La Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno solicitó una investigación independiente y transparente tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos abatido por un agente federal durante un operativo migratorio en Minneapolis. Everett Kelley, presidente nacional del sindicato, señaló que la muerte de Pretti exige rendición de cuentas y criticó duramente a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por haber calificado al enfermero como “terrorista doméstico” tras el incidente. Pretti, de 37 años, trabajaba como enfermero en un hospital del Departamento de Asuntos de Veteranos y, de acuerdo con su familia, estaba profundamente afectado por el endurecimiento de los operativos migratorios en la ciudad. El tiroteo ocurrió en medio de una ofensiva migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump y fue la segunda muerte de este tipo registrada en Minneapolis en un contexto de creciente tensión. El sindicato pidió que la investigación sea encabezada por un tercero independiente y solicitó supervisión bipartidista del Congreso. Además, exigió la renuncia de la secretaria Kristi Noem y del subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller. Por su parte, el presidente Donald Trump afirmó que las investigaciones están en curso y que espera resultados “honestos y honorables”. Videos difundidos tras el incidente han llevado a líderes políticos locales a cuestionar la versión oficial de que Pretti fuera un instigador armado.

El gobernador de Nevada, Joe Lombardo, publicó este miércoles una declaración en relación con la situación de violencia registrada en Minnesota, donde protestas contra operativos migratorios de ICE han resultado, segun Lombardo, en dos tiroteos mortales. Lombardo señaló que él y su esposa están preocupados por los acontecimientos recientes y subrayó que garantizar el derecho de las personas a reunirse y manifestarse de manera pacífica debe ser una prioridad para todos los niveles de gobierno y las agencias de seguridad. En su mensaje, el gobernador pidió cautela antes de emitir juicios sobre la actuación de las fuerzas del orden y respaldó el llamado del presidente Donald Trump a realizar una revisión completa e imparcial de los hechos. Añadió que cualquier persona que haya violado la ley debe rendir cuentas. Finalmente, Lombardo reiteró su postura sobre inmigración, expresando su apoyo a los esfuerzos federales para asegurar la frontera y retirar de las comunidades a criminales violentos o reincidentes, al tiempo que exhortó a una coordinación constante y transparente entre las agencias federales y sus socios gubernamentales.

Minneapolis. — La jueza principal del tribunal federal del distrito de Minnesota ordenó que el jefe interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) comparezca personalmente ante la corte este viernes. La magistrada afirmó que ICE ha incumplido repetidamente órdenes judiciales vinculadas a sus acciones de cumplimiento migratorio en el estado, señalando que existen docenas de casos en los que la agencia no acató instrucciones del tribunal. Durante una audiencia reciente, la jueza advirtió que, de continuar el desacato, podría emitir sanciones formales contra la agencia federal, incluyendo una resolución por desacato a la corte. El caso se desarrolla en un contexto de creciente tensión por los operativos migratorios, que han generado protestas y arrestos, incluso en instalaciones como el aeropuerto internacional de Minneapolis–Saint Paul.

Minneapolis — Los agentes de la Patrulla Fronteriza involucrados en el tiroteo que fatalmente hirió a Alex Pretti el pasado sábado continúan oficialmente en el servicio, informó el comandante Gregory Bovino.Aunque no están asignados en Minneapolis, siguen en la agencia y han sido reubicados en otras funciones supuestamente para proteger su seguridad ante la divulgación de información personal. El tiroteo, que se produjo durante una operación federal de inmigración en pleno centro de Minneapolis, ha generado críticas porque la versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) —que señaló que Pretti se acercó armado a los agentes— ha sido cuestionada por múltiples videos y testimonios que no muestran al hombre con un arma antes de los disparos. El caso también ha elevado tensiones entre autoridades locales y federales. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha pedido que los agentes sean retirados del estado y ha exigido una investigación completa, mientras manifestantes y residentes continúan protestando por la muerte del enfermero de cuidados intensivos. A nivel federal, la administración del presidente Donald Trump ha enviado al especialista en frontera Tom Homan para supervisar las operaciones en Minnesota, aunque no ha dado un cronograma para una posible retirada de los agentes implicados.