Acuerdo migratorio entre EE. UU. y El Salvador El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, anunció un acuerdo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para que ese país acepte deportados de cualquier nacionalidad, incluidos criminales violentos encarcelados en Estados Unidos. Rubio calificó el acuerdo como “extraordinario” tras reunirse con Bukele en San Salvador. Bukele confirmó que El Salvador aceptará “criminales condenados” a cambio de un pago que sostendrá su sistema penitenciario. Aunque EE. UU. no planea deportar ciudadanos estadounidenses, el acuerdo ha generado polémica por las duras condiciones en las cárceles salvadoreñas y posibles desafíos legales.

Activistas han lanzado un llamado para este lunes 3 de febrero: un “Día sin Inmigrantes”, con la consigna de no comprar, no trabajar y no asistir a la escuela. La protesta busca demostrar el impacto económico de los inmigrantes en EE.UU., en respuesta a la ola de arrestos y deportaciones impulsada por la administración de Donald Trump. El movimiento comenzó con una publicación en Instagram del hondureño Osman Milla, residente de Washington D.C., y rápidamente se viralizó en estados como Illinois, Texas, Georgia y California. Organizaciones como Latinos Unidos Siempre y Casa San José apoyan la iniciativa, subrayando la importancia de la comunidad inmigrante para la economía del país. Según el Departamento de Trabajo, el 42 % de los trabajadores agrícolas entre 2020 y 2022 eran indocumentados, un sector vital que enfrenta incertidumbre por las políticas migratorias. Además, la producción económica de los latinos alcanzó los 3.7 billones de dólares en 2022, según un informe de UCLA. Activistas como Roxana Damas y Flor Martínez, con amplia presencia en redes sociales, destacan que el objetivo es visibilizar el aporte de los inmigrantes y exigir un trato digno. “El futuro está en nuestras manos”, afirman.

Líderes religiosos de Nevada, incluido el arzobispo de Las Vegas, George Leo Thomas, firmaron una carta abierta dirigida a políticos estatales para pedir vías justas y generosas hacia la ciudadanía. Solicitan que la aplicación de leyes migratorias se enfoque en personas que representen un peligro para la sociedad. Thomas expresó su solidaridad con la comunidad inmigrante, asegurando que la Iglesia Católica y otras religiones están para apoyarlos. Además, destacó que no se prevén acciones contra lugares de culto en Nevada. La Iglesia también colabora en la reforma migratoria y apoya a miles de migrantes a través de Catholic Charities.

El Consejo Estatal de Educación de Oklahoma aprobó una propuesta que exige a los padres probar la ciudadanía o estatus migratorio de sus hijos al inscribirlos en escuelas públicas. Aunque no se les negará la inscripción, las escuelas deberán contabilizar a estudiantes sin documentos legales. El superintendente estatal Ryan Walters respaldó la medida, argumentando que ayudará a distribuir recursos. Sin embargo, críticos afirman que la regla alimenta el miedo en las comunidades inmigrantes. El representante Arturo Alonso-Sandoval destacó que muchas familias consideran retirar a sus hijos de las escuelas. La decisión enfrenta protestas y cuestionamientos sobre su legalidad, basada en el fallo Plyler v. Doe de 1982.

Un representante estatal de Mississippi presentó un proyecto de ley que busca pagar a cazadores de recompensas para localizar y deportar a personas que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos. La propuesta ofrecería $1,000 por cada deportación en la que colaboren. El proyecto también propone que quienes sean considerados culpables de “invasión ilegal” pierdan permanentemente derechos como registrarse para votar, conducir en el estado, acceder a beneficios públicos locales o estatales, y obtener residencia legal en Mississippi. La propuesta ha generado amplio debate.

La Oficina del Fiscal General de Nevada, liderada por Aaron Ford, presentó una demanda contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que bloquea la ciudadanía por nacimiento. Ford, junto a 17 estados y Washington D.C., argumenta que la medida es inconstitucional. Según la orden, los hijos nacidos en EE. UU. de padres sin estatus legal no serían reconocidos como ciudadanos, lo que contraviene la 14ª Enmienda de la Constitución. Ford destacó que la medida afectaría negativamente a los niños y a los programas estatales, que tendrían que ajustarse a nuevos requisitos.

Miles de migrantes quedaron en incertidumbre tras la cancelación de citas para ingresar legalmente a Estados Unidos, coincidiendo con la toma de posesión de Donald Trump. Provenientes de países como Haití y Venezuela, muchos habían esperado meses para obtener una cita a través de la app CBP One, que facilitaba el proceso. Sin embargo, el lunes se anunció que la aplicación dejaría de usarse, dejando a miles varados en la frontera norte de México. La decisión generó desespero entre quienes esperaban cruzar, sin posibilidad de apelar ni recibir explicaciones sobre el futuro de su situación migratoria.

El presidente de EE. UU. ordenó la suspensión del Programa de Admisión de Refugiados (USRAP) debido al aumento de la migración en los últimos años. La medida busca priorizar la seguridad pública y la capacidad de las comunidades para asimilar a los refugiados. Ciudades como Nueva York y Denver han solicitado ayuda federal para manejar la afluencia. El Departamento de Seguridad Nacional revisará la ley para permitir mayor participación estatal y local en la reubicación de refugiados. El programa se revaluará cada 90 días para determinar su reanudación, según el interés nacional.