Donald Trump ha prometido terminar con la ciudadanía por nacimiento mediante una orden ejecutiva al iniciar su segundo mandato. Sin embargo, expertos señalan que esta acción sería inconstitucional. La ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos está protegida por la 14.ª Enmienda de la Constitución, ratificada tras la Guerra Civil para garantizar la ciudadanía de los afroamericanos liberados y, posteriormente, a todos los nacidos en suelo estadounidense.

La Sección 1 de esta enmienda establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en que residen”. Cambiar esta disposición requiere una enmienda constitucional, un proceso complejo que exige la aprobación del Congreso y la ratificación por tres cuartas partes de los estados.

Especialistas coinciden en que cualquier intento de modificar esta garantía por orden ejecutiva enfrentaría desafíos legales y judiciales. La ciudadanía por nacimiento ha sido respaldada en múltiples ocasiones por la jurisprudencia y es vista como un pilar fundamental del sistema legal estadounidense.

Este debate refleja una división entre quienes ven la ciudadanía por nacimiento como un derecho inalienable y quienes abogan por restringirla, a menudo en el contexto de políticas migratorias más estrictas. El tema promete ser uno de los focos de atención en los próximos meses, poniendo a prueba los límites del poder presidencial frente a la Constitución.