El Consejo Estatal de Educación de Oklahoma aprobó una propuesta que exige a los padres probar la ciudadanía o estatus migratorio de sus hijos al inscribirlos en escuelas públicas. Aunque no se les negará la inscripción, las escuelas deberán contabilizar a estudiantes sin documentos legales.

El superintendente estatal Ryan Walters respaldó la medida, argumentando que ayudará a distribuir recursos. Sin embargo, críticos afirman que la regla alimenta el miedo en las comunidades inmigrantes. El representante Arturo Alonso-Sandoval destacó que muchas familias consideran retirar a sus hijos de las escuelas.

La decisión enfrenta protestas y cuestionamientos sobre su legalidad, basada en el fallo Plyler v. Doe de 1982.