El sindicato United Farm Workers (UFW) y cinco residentes del condado de Kern han demandado al Departamento de Seguridad Nacional, la Patrulla Fronteriza y Aduanas y Protección Fronteriza, acusándolos de realizar redadas ilegales en comunidades latinas de California.
En enero, la Patrulla Fronteriza lanzó “Operación Return to Sender”, trasladando agentes desde la frontera con México hasta Bakersfield, a más de 300 millas de distancia, para detener y expulsar a trabajadores agrícolas y jornaleros sin debido proceso. Más de 40 personas fueron deportadas, incluyendo a María Hernández Espinoza, quien vivió en el condado de Kern por 20 años y fue obligada a firmar documentos sin leerlos.
Teresa Romero, presidenta de UFW, denunció que estas tácticas generan temor en las comunidades latinas y facilitan la explotación laboral. La demanda, respaldada por la ACLU, busca frenar estas prácticas que, según los abogados, violan la Constitución y leyes federales.
Pese a las críticas, la Patrulla Fronteriza ha anunciado que planea replicar esta operación en otras partes de California.
