En el Congreso del Estado de Baja California se presentó un posicionamiento sobre el Plan de Justicia para el municipio de San Quintín, destacando la necesidad de saldar la deuda histórica con las comunidades jornaleras e indígenas de la región.
Durante la intervención, se señaló que San Quintín, además de ser una de las zonas agrícolas más productivas del estado, concentra comunidades mayoritariamente indígenas que han enfrentado condiciones de marginación, precariedad laboral, falta de seguridad social, ausencia de servicios básicos y carencia de certeza jurídica sobre la tierra y la vivienda.
El Plan de Justicia es impulsado por el Gobierno de México y se enmarca en una política pública orientada a colocar en el centro la dignidad humana, la justicia social y el reconocimiento pleno de los derechos laborales y colectivos de los pueblos indígenas.
Desde el ámbito legislativo, se reiteró el compromiso de dar seguimiento puntual a su implementación y de coadyuvar para que se ejecute de forma integral y coordinada, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de estas comunidades.
