Un comentario con consecuencias El caso de Gabriel Espinoza, de 22 años, evidencia los riesgos de realizar comentarios sensibles en el actual contexto migratorio. Tras un incidente en un hotel de Las Vegas por un supuesto mensaje que hacía referencia a “bombardear el lugar”, fue confrontado por seguridad y detenido. Cargos retirados, custodia migratoria Aunque los cargos penales fueron retirados el mismo día, la Policía Metropolitana notificó a autoridades migratorias y Espinoza fue puesto bajo custodia federal. Permaneció cerca de un mes detenido antes de ser deportado a México. Contexto actual El caso ocurre en medio de una cooperación activa entre agencias locales y federales en materia migratoria. Especialistas advierten que bromas o expresiones relacionadas con violencia o terrorismo pueden detonar protocolos severos, particularmente para personas sin estatus migratorio.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un memorando que permite a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestar y detener a refugiados que no hayan obtenido la residencia permanente legal, aun cuando hayan ingresado legalmente a Estados Unidos. El documento fue firmado por Joseph Edlow, director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), y por Todd Lyons, director interino de ICE. El memorando se basa en una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que establece que los refugiados deben solicitar la green card tras cumplir un año en el país. De no hacerlo, el DHS sostiene que deben regresar a su “custodia”. De acuerdo con The Washington Post, la directriz también ordena una segunda ronda de verificación “exigida por el Congreso” para refugiados que no hayan ajustado su estatus, con revisiones enfocadas en seguridad pública, fraude y riesgos a la seguridad nacional. La nueva política deja sin efecto un memorando de 2010 que indicaba que no solicitar la residencia permanente dentro del primer año no constituía base para detener a refugiados que entraron legalmente al país. Datos del DHS señalan que más de 200,000 refugiados ingresaron a Estados Unidos durante el mandato del presidente Joe Biden. Aunque algunos ya cuentan con green card, miles aún no la han obtenido y podrían quedar sujetos a detención bajo esta nueva guía. Desde su regreso a la Casa Blanca para un segundo mandato, el presidente Donald Trump ha frenado en gran medida el programa de admisión de refugiados, con una excepción para sudafricanos blancos, y ha intensificado las acciones contra la inmigración irregular.

Antes del amanecer, agentes federales llegaron a la vivienda de la periodista independiente y ganadora del Emmy, Georgia Fort, en el área de Twin Cities, para arrestarla por su labor de documentación de una protesta contra ICE realizada dentro de una iglesia en St. Paul.Fort ha reiterado que se encontraba en el lugar únicamente en funciones periodísticas. El arresto provocó una inmediata reacción de legisladores, organizaciones defensoras de la libertad de prensa y colegas periodistas, quienes advierten que este tipo de acciones representan un serio riesgo para el ejercicio del periodismo y el derecho ciudadano a estar informado. La preocupación central es que se utilice el sistema penal como herramienta de intimidación contra quienes documentan protestas o cuestionan las políticas federales. Durante su primera comparecencia ante una jueza federal, fiscales intentaron presentar el caso como de naturaleza violenta. La jueza rechazó ese argumento, determinó que los hechos no constituyen un delito violento y ordenó que Georgia Fort quedara en libertad sin restricciones adicionales mientras el proceso continúa. El caso no es aislado. Apenas un día antes, el periodista Don Lemon fue arrestado en Los Ángeles por su cobertura del mismo episodio, mientras realizaba trabajo informativo fuera de Minnesota. Lemon, ex conductor de CNN y hoy periodista independiente, también ha sostenido que no participó en la protesta y que su presencia tenía fines exclusivamente periodísticos. Para críticos del operativo federal, ambos arrestos refuerzan la percepción de un endurecimiento en la respuesta del gobierno contra la prensa, particularmente cuando se trata de coberturas relacionadas con inmigración, ICE y manifestaciones públicas. Un patrón que, advierten, podría tener consecuencias profundas para una democracia que depende de una prensa libre e independiente.

Washington. — La administración del presidente Donald Trump adjudicó contratos de alcance nacional a 13 empresas privadas para apoyar a ICE en la localización de personas migrantes sin estatus legal, según registros federales revisados por Scripps News. Los contratos, otorgados a finales de diciembre, podrían alcanzar un valor conjunto de hasta 1,200 millones de dólares y cubren un periodo de dos años. El objetivo es proporcionar servicios conocidos como skip tracing, un proceso que combina bases de datos gubernamentales, información pública en internet y vigilancia física para confirmar domicilios y lugares de trabajo. Los registros muestran que varias de las empresas seleccionadas no cuentan con antecedentes de trabajo previo con el gobierno federal. Algunas reportan como dirección principal apartados postales o viviendas particulares, lo que ha generado cuestionamientos sobre su capacidad para manejar información personal sensible y realizar labores de vigilancia presencial. Los contratistas deberán entregar a ICE fotografías y documentos que confirmen la ubicación de las personas rastreadas y, en algunos casos, distribuir documentos oficiales del gobierno. Los contratos contemplan incentivos económicos: mientras más personas localicen, mayores podrían ser las ganancias. Entre las empresas beneficiadas hay filiales vinculadas a grandes corporaciones del sector de prisiones privadas, así como pequeños negocios que podrían obtener decenas de millones de dólares. De acuerdo con los registros, algunas compañías podrían recibir entre 25 y 48 millones de dólares cada una. ICE no respondió a las preguntas sobre los criterios utilizados para seleccionar a las empresas ni sobre los mecanismos de supervisión, y los contratos completos no son públicos, por lo que no se conocen detalles específicos sobre protecciones a los datos personales o derechos civiles.

Las Vegas — Cientos de personas se congregaron el domingo en Container Park para exigir rendición de cuentas y protestar contra la agencia federal de inmigración ICE, en una manifestación que marcó la segunda protesta de este fin de semana contra la agencia. La movilización comenzó en el centro de Las Vegas y continuó por Fremont Street, con manifestantes de todas las edades portando pancartas y coreando consignas por justicia. El grupo marchó hasta el federal courthouse, donde varios representantes hablaron ante la multitud. Los organizadores y participantes dijeron que su protesta fue motivada por los recientes tiroteos en Minneapolis, donde federal agents mataron a Alex Pretti, un enfermero de 37 años, en un operativo, y semanas antes Renée Good fue fatalmente herida por un agente del ICE. Las muertes han generado protestas no solo en Minnesota, sino en varias ciudades de Estados Unidos y controversia sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales.

Un memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) autoriza a agentes federales a ingresar por la fuerza a viviendas privadas utilizando únicamente órdenes administrativas, sin necesidad de una orden judicial, según documentos obtenidos por The Associated Press. El memorando, firmado el 12 de mayo de 2025 por el director interino de ICE, Todd Lyons, sostiene que la Constitución y las leyes migratorias no prohíben el uso exclusivo de órdenes administrativas para arrestar a personas con órdenes finales de deportación dentro de sus domicilios. La política contradice lineamientos históricos del propio Departamento de Seguridad Nacional y recomendaciones legales ampliamente difundidas, que establecen que solo una orden firmada por un juez permite el ingreso forzado a una vivienda. Un reporte de denunciantes internos indica que el documento no ha sido distribuido de manera general dentro de la agencia, pero sí se ha utilizado para capacitar a nuevos agentes, incluso cuando contradice manuales oficiales de entrenamiento. The Associated Press presenció un operativo en Minneapolis el 11 de enero, donde agentes armados ingresaron por la fuerza a una vivienda con base únicamente en una orden administrativa. Expertos legales advierten que la medida podría derivar en impugnaciones judiciales y conflictos con gobiernos estatales y locales, al considerar que viola protecciones constitucionales básicas.