WASHINGTON — La senadora demócrata por Nevada Jacky Rosen pidió la destitución de Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, tras la muerte de Alex Pretti, quien fue abatido por un agente federal durante un operativo migratorio en Minneapolis. Rosen afirmó que Noem ha intentado desinformar a la opinión pública al justificar el uso de fuerza letal sin que exista una investigación concluyente. Imágenes revisadas por la prensa contradicen la versión oficial de que Pretti representaba una amenaza inmediata, ya que aparentemente solo tenía un teléfono en la mano. El llamado se suma al de otros legisladores, como el senador Ed Markey, y a una resolución en la Cámara de Representantes respaldada por más de 100 demócratas. Aunque el Congreso está bajo control republicano, el caso ha intensificado el debate nacional sobre el accionar de ICE, el uso de la fuerza y la rendición de cuentas dentro del DHS.

Autoridades locales confirmaron la muerte de un hombre que fue baleado por agentes federales de inmigración durante un incidente ocurrido la mañana del sábado en Minneapolis, Minnesota. El tiroteo se registró cerca de la intersección de 26th Street y Nicollet Avenue, en el sur de la ciudad. Paramédicos acudieron al lugar tras los disparos y posteriormente se confirmó el fallecimiento del hombre. Horas después, la cadena Fox News informó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) les compartió una fotografía que, según esa dependencia, correspondería al arma que presuntamente portaba la persona baleada, lo que ha despertado sospechas de la comunidad toda vez que no se ve que la misma haya sido resguardada como evidencia y nada no hay nada que la relacione con el ahora occiso. La difusión de la imagen ocurrió antes de que se emitiera un informe oficial completo sobre lo sucedido. Hasta ahora, las autoridades federales no han dado a conocer la identidad del hombre ni han ofrecido una versión detallada de las circunstancias que derivaron en el uso de la fuerza. El caso ha generado atención nacional en un contexto de aumento de operativos federales de inmigración. La información continúa en desarrollo.

Miles de personas se movilizaron este viernes en Minneapolis para protestar contra el aumento de operativos migratorios federales, desafiando temperaturas extremas bajo cero. Las manifestaciones formaron parte del llamado estatal “ICE Out Day of Action” y comenzaron por la mañana en el aeropuerto, donde la policía detuvo a cerca de 100 manifestantes tras señalar que las acciones superaron lo permitido. Posteriormente, las marchas se trasladaron al centro de la ciudad y culminaron con una concentración masiva en el Target Center. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada registró una temperatura máxima de menos 9 grados Fahrenheit y una mínima de menos 17, con ráfagas de viento que redujeron la sensación térmica hasta los menos 35 grados. El gobierno federal ha enviado más de 3,000 agentes de inmigración a Minneapolis desde diciembre como parte de Operation Metro Surge. El Departamento de Seguridad Nacional informó que más de 3,000 personas han sido detenidas en las últimas seis semanas. El operativo se desarrolla en un contexto de alta tensión tras la muerte de Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense que fue abatida por un agente de ICE el 7 de enero. Las autoridades federales sostienen que el agente actuó en defensa propia, mientras el caso sigue bajo investigación. El Departamento de Seguridad Nacional criticó las protestas y acusó a los organizadores de afectar la economía. En contraste, el gobernador Tim Walz y el alcalde Jacob Frey han cuestionado públicamente el alcance y las consecuencias del operativo migratorio.

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) condenó públicamente la decisión de la administración del presidente Donald Trump de suspender las ceremonias de juramento de ciudadanía, una medida que afecta a miles de personas que ya habían sido aprobadas para convertirse en ciudadanos estadounidenses. Según LULAC, la suspensión deja a solicitantes y familias en un limbo legal, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos del proceso de naturalización, incluidos exámenes, entrevistas y verificaciones de antecedentes. El presidente nacional de LULAC, Román Palomares, afirmó que la decisión no responde a razones de seguridad y calificó la medida como un uso arbitrario del poder ejecutivo. Señaló que los solicitantes de ciudadanía se encuentran entre las personas más investigadas dentro del sistema migratorio. LULAC subrayó que la ciudadanía no es un favor político, sino un derecho adquirido conforme a la ley y protegido por la Constitución. La organización hizo un llamado al Congreso para ejercer supervisión, exigir la reanudación inmediata de las ceremonias y frenar lo que considera una violación al debido proceso y a los derechos civiles.

Tres de los principales líderes de la Iglesia católica en Estados Unidos emitieron un posicionamiento conjunto en el que cuestionan la orientación de la política exterior de la administración Trump. Los cardenales señalaron que el país atraviesa en 2026 el debate moral más profundo desde el fin de la Guerra Fría, en medio de tensiones internacionales y amenazas de uso de la fuerza.El documento retoma palabras del papa León XIV, quien advirtió que la diplomacia basada en el diálogo está siendo reemplazada por una diplomacia de la fuerza. Los cardenales rechazaron la guerra por intereses estrechos, criticaron la polarización política y advirtieron que proyectos como la presión sobre Groenlandia socavan el derecho de las naciones a la autodeterminación. Subrayaron que la paz duradera solo es posible con respeto a la vida, la dignidad humana y la cooperación internacional.

Una propuesta legislativa que será presentada ante el Congreso busca endurecer las reglas para retirar la ciudadanía estadounidense a personas naturalizadas que hayan cometido ciertos delitos. El proyecto, denominado Stop Citizenship Abuse and Misrepresentation Act (SCAM Act), establecería criterios más claros sobre la evidencia que puede utilizar el gobierno federal para demostrar que una persona no cumplía con los requisitos legales al momento de naturalizarse. De aprobarse, la ley permitiría la desnaturalización de quienes sean condenados por fraude contra el gobierno de Estados Unidos, tengan vínculos con organizaciones terroristas extranjeras o cometan un delito grave agravado dentro de los 10 años posteriores a obtener la ciudadanía.

Un migrante nicaragüense murió la semana pasada mientras se encontraba bajo custodia de Immigration and Customs Enforcement (ICE) en el centro de detención Camp East Montana, en Texas, lo que marca la tercera muerte registrada en esa instalación. La víctima fue identificada como Víctor Manuel Díaz, de 36 años, quien fue declarado muerto la tarde del 14 de enero. De acuerdo con ICE, personal de seguridad lo encontró inconsciente en su habitación. Los intentos de reanimación por parte del personal médico del centro y de servicios de emergencia de El Paso no tuvieron éxito. ICE indicó que la muerte es considerada un presunto suicidio, aunque la investigación continúa.Díaz había sido arrestado por ICE en Minneapolis el 6 de enero y trasladado al centro en espera de su deportación, tras una orden de expulsión emitida en ausencia. El caso ocurre días después de la muerte de Geraldo Lunas Campos, de 55 años, registrada el 3 de enero en la misma instalación. De acuerdo con The Washington Post, el médico forense evalúa si ese fallecimiento podría clasificarse como homicidio, a la espera de resultados toxicológicos. Ante los hechos, la congresista Veronica Escobar reiteró su llamado a cerrar el centro, mientras ICE aseguró que mantiene su compromiso con una detención segura y humana. Ambos casos siguen bajo investigación.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, afirmó que agentes de Immigration and Customs Enforcement (ICE) podrían pedirle a estadounidenses que valide n su identidad y ciudadanía durante operativos de cumplimiento migratorio, lo que ha generado preocupación y debate en diversas comunidades del país. Noem explicó que en operaciones dirigidas a individuos vinculados con actividades criminales, los agentes federales podrían preguntar a las personas que se encuentren alrededor quiénes son, por qué están allí y pedirles que validen su identidad. “Eso es lo que siempre hemos hecho, para saber quién está en esos alrededores”, dijo Noem durante una conferencia de prensa fuera de la Casa Blanca. La funcionaria respondió a preguntas de reporteros que buscaban entender por qué personas en Minnesota han sido solicitadas para mostrar pruebas de ciudadanía durante recientes acciones de ICE. Esta declaración se da en medio de un aumento de acciones de aplicación migratoria y tras incidentes de alto perfil que han generado protestas y críticas, incluyendo el caso de una persona que murió durante una redada en Minneapolis. Fiscalistas y defensores de derechos civiles han expresado inquietudes sobre estos procedimientos, señalando que la Constitución protege contra registros y detenciones arbitrarias sin sospecha razonable, aunque el DHS sostiene que todo se realiza dentro de protocolos de cumplimiento dirigidos.