El colectivo Madres Buscadoras de Sonora colabora con autoridades de Arizona y federales en la búsqueda de Nancy Guthrie, madre de la presentadora del programa “Today”, Acciones del colectivo El grupo ha difundido fotografías de Nancy Guthrie en redes sociales y realizó actividades de apoyo tanto en Arizona como en la zona fronteriza de Nogales. De acuerdo con reportes, algunas integrantes viajaron para distribuir volantes, mientras otras continuaron labores desde México. Investigación en curso La :contentReference[oaicite:2]{index=2} negó un permiso para búsquedas en campo al considerar que podrían interferir con la investigación. Las autoridades confirmaron que el caso es tratado como un secuestro. Recompensa y evidencia La familia de Guthrie ofrece una recompensa de un millón de dólares por información que ayude a localizarla. El :FBI obtuvo video de una cámara de timbre que muestra a un individuo armado y encapuchado en el domicilio. También se halló sangre, confirmada como de la víctima, y un par de guantes sin coincidencias de ADN.

La visita de Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, a Arizona estuvo marcada por el hermetismo y por rumores sobre supuestas redadas relacionadas con “seguridad electoral”, similares a acciones recientes en Georgia. El evento principal fue una conferencia de prensa en Scottsdale, organizada bajo estrictas medidas de confidencialidad, donde Noem llamó al Congreso a aprobar la Safeguard American Voter Eligibility Act. La iniciativa busca establecer un requisito nacional de identificación de votantes, pese a que Arizona ya exige prueba de ciudadanía y credenciales para votar. Durante su intervención, Noem afirmó que las elecciones del estado son un “desastre” y sostuvo, sin evidencias, que existe fraude electoral generalizado cometido por inmigrantes indocumentados. Al ser cuestionada por periodistas, no pudo presentar ningún caso concreto. Las declaraciones generaron una respuesta inmediata del secretario de Estado Adrian Fontes, quien acusó a Noem de llegar a Arizona a “explicar un trabajo que ya se está haciendo”. Por su parte, la fiscal general Kris Mayes afirmó que múltiples auditorías e investigaciones han demostrado que el fraude electoral es extremadamente raro. Organizaciones defensoras del voto también criticaron la postura de Noem y del presidente Donald Trump, señalando que estas acciones buscan debilitar la confianza pública en el sistema electoral. La SAVE Act ya fue aprobada en la Cámara de Representantes, pero enfrenta un bloqueo en el Senado, donde los senadores por Arizona, Ruben Gallego y Mark Kelly, se oponen a la iniciativa.

El FBI participa en la investigación por la desaparición de Nancy Guthrie, reportada como desaparecida el 1 de febrero en el condado de Pima, Arizona. El caso ha generado atención nacional debido a que Guthrie es madre de Savannah Guthrie, copresentadora del programa “TODAY” de NBC. Desde entonces, autoridades federales y locales mantienen una búsqueda activa y han solicitado apoyo del público para obtener información relevante. El FBI difundió nuevas imágenes de vigilancia que muestran a un individuo considerado “posible sujeto” en la investigación relacionada con la desaparición de Nancy Guthrie. Las autoridades aclararon que la persona captada en las imágenes no ha sido identificada como sospechosa, pero podría tener información relevante para el caso. El director del FBI, Kash Patel, informó que las imágenes fueron recuperadas a partir de datos residuales luego de que algunos sistemas de grabación del domicilio de Guthrie resultaran dañados, inaccesibles o fueran retirados. De acuerdo con la información oficial, el video muestra a un individuo armado que aparentemente manipuló la cámara ubicada en la puerta principal de la vivienda la mañana en que Nancy Guthrie fue reportada como desaparecida. El FBI y la Oficina del Sheriff del Condado de Pima continúan trabajando en conjunto y solicitan la colaboración del público. Cualquier persona con información puede comunicarse al 1-800-CALL-FBI.

TUCSON, Ariz. — Una organización de veteranos de guerra colocó un cartel a un costado de la interestatal I-10 en Tucson con el mensaje: “Active duty and National Guard: I want you to refuse illegal orders” (“Militares activos y Guardia Nacional: quiero que rechacen órdenes ilegales”), acompañado de una imagen de Uncle Sam. El cartel fue instalado por la rama de Tucson de Veterans for Peace en respaldo al senador demócrata Mark Kelly (Arizona), quien actualmente está demandando al secretario de Defensa Pete Hegseth luego de que este censurara y amenazara con sanciones administrativas contra Kelly por su participación en un video donde él y otros cinco legisladores —todos con experiencia militar o en inteligencia— instan a las tropas a cumplir la Constitución y rechazar órdenes ilegales si estas violan la ley. Según Veterans for Peace, el cartel busca recordar tanto a los militares como al público que las fuerzas armadas no deben obedecer órdenes contrarias a la ley, una enseñanza que, según la organización, se refuerza desde la formación en escuelas de oficiales y ROTC. La iniciativa ha generado reacciones mixtas. Kathleen Winn, presidenta del Partido Republicano del condado de Pima, criticó el mensaje, afirmando que “usar al ejército como un arma política” y decirle a tropas que desobedezcan órdenes es “peligroso y temerario”. El cartel permanecerá hasta mediados de febrero.

Autoridades investigan a un hombre que intentó hacerse pasar por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para ingresar a la Base de la Fuerza Aérea Luke. De acuerdo con funcionarios de la base, el incidente ocurrió el viernes, cuando el individuo afirmó ser un oficial del orden de ICE. Personal de seguridad detectó la irregularidad y solicitó apoyo de autoridades locales y de los Luke Defenders. Las autoridades aseguraron que el hombre abandonara el lugar y procedieron a revocar su acceso a la base. El caso continúa bajo investigación y no se han dado a conocer más detalles sobre posibles cargos.

La gobernadora demócrata de Arizona, Katie Hobbs, vetó el proyecto de ley de recortes fiscales impulsado por la mayoría republicana en la Legislatura estatal, lo que abrió una intensa confrontación política en plena antesala de la temporada de declaraciones de impuestos. El proyecto buscaba alinear el código fiscal de Arizona con recortes federales, con un impacto estimado de 1,100 millones de dólares en tres años. Hobbs argumentó que la propuesta favorece a intereses especiales y a los contribuyentes más ricos, elimina beneficios para jubilados trabajadores y no presenta un plan claro para compensar la reducción de ingresos. Desde el Partido Republicano, líderes legislativos acusaron a la gobernadora de generar confusión e incertidumbre para los contribuyentes, especialmente porque el Departamento de Ingresos comenzará a procesar declaraciones en los próximos días. Hobbs, por su parte, impulsa una alternativa enfocada en la clase media, con un costo estimado de entre 220 y 250 millones de dólares, que beneficiaría a la mayoría de los contribuyentes y contempla exenciones para propinas, horas extra y deducciones adicionales para personas mayores. El conflicto fiscal se desarrolla en un año electoral, en el que la gobernadora buscará la reelección, y podría marcar el tono de la agenda legislativa y el debate económico en Arizona.

Los senadores Ruben Gallego y Mark Kelly, de Arizona, presentaron la Stop Excessive Force in Immigration Act, una legislación bicameral que busca poner límites claros al uso de la fuerza por parte de ICE, incrementar la transparencia y fortalecer la supervisión de sus operativos. La iniciativa establece que las acciones de ICE deben cumplir con los estándares vigentes del Departamento de Justicia, enfatizando la desescalada, restringiendo el uso de fuerza letal a situaciones extremas y creando una obligación afirmativa de brindar asistencia médica. También permitiría investigaciones estatales o locales en casos de uso excesivo de la fuerza. La legislación se presenta en un contexto de creciente preocupación por tácticas agresivas, incluyendo el uso de granadas aturdidoras, gas lacrimógeno y balas de pimienta, así como operativos con agentes encapuchados. Bajo el presidente Donald Trump, se han documentado incidentes de fuerza excesiva contra ciudadanos estadounidenses, inmigrantes, periodistas y manifestantes. La propuesta incluye requisitos de identificación clara de agentes, uso obligatorio de cámaras corporales y vehiculares, entrenamiento anual y reportes periódicos del DHS y el DOJ sobre incidentes de fuerza. Organizaciones comunitarias, líderes religiosos y sindicatos han expresado su respaldo, señalando que la medida es clave para restablecer la confianza entre las comunidades y las autoridades federales.