TUCSON, Ariz. — Una organización de veteranos de guerra colocó un cartel a un costado de la interestatal I-10 en Tucson con el mensaje: “Active duty and National Guard: I want you to refuse illegal orders” (“Militares activos y Guardia Nacional: quiero que rechacen órdenes ilegales”), acompañado de una imagen de Uncle Sam. El cartel fue instalado por la rama de Tucson de Veterans for Peace en respaldo al senador demócrata Mark Kelly (Arizona), quien actualmente está demandando al secretario de Defensa Pete Hegseth luego de que este censurara y amenazara con sanciones administrativas contra Kelly por su participación en un video donde él y otros cinco legisladores —todos con experiencia militar o en inteligencia— instan a las tropas a cumplir la Constitución y rechazar órdenes ilegales si estas violan la ley. Según Veterans for Peace, el cartel busca recordar tanto a los militares como al público que las fuerzas armadas no deben obedecer órdenes contrarias a la ley, una enseñanza que, según la organización, se refuerza desde la formación en escuelas de oficiales y ROTC. La iniciativa ha generado reacciones mixtas. Kathleen Winn, presidenta del Partido Republicano del condado de Pima, criticó el mensaje, afirmando que “usar al ejército como un arma política” y decirle a tropas que desobedezcan órdenes es “peligroso y temerario”. El cartel permanecerá hasta mediados de febrero.

Autoridades investigan a un hombre que intentó hacerse pasar por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para ingresar a la Base de la Fuerza Aérea Luke. De acuerdo con funcionarios de la base, el incidente ocurrió el viernes, cuando el individuo afirmó ser un oficial del orden de ICE. Personal de seguridad detectó la irregularidad y solicitó apoyo de autoridades locales y de los Luke Defenders. Las autoridades aseguraron que el hombre abandonara el lugar y procedieron a revocar su acceso a la base. El caso continúa bajo investigación y no se han dado a conocer más detalles sobre posibles cargos.

La gobernadora demócrata de Arizona, Katie Hobbs, vetó el proyecto de ley de recortes fiscales impulsado por la mayoría republicana en la Legislatura estatal, lo que abrió una intensa confrontación política en plena antesala de la temporada de declaraciones de impuestos. El proyecto buscaba alinear el código fiscal de Arizona con recortes federales, con un impacto estimado de 1,100 millones de dólares en tres años. Hobbs argumentó que la propuesta favorece a intereses especiales y a los contribuyentes más ricos, elimina beneficios para jubilados trabajadores y no presenta un plan claro para compensar la reducción de ingresos. Desde el Partido Republicano, líderes legislativos acusaron a la gobernadora de generar confusión e incertidumbre para los contribuyentes, especialmente porque el Departamento de Ingresos comenzará a procesar declaraciones en los próximos días. Hobbs, por su parte, impulsa una alternativa enfocada en la clase media, con un costo estimado de entre 220 y 250 millones de dólares, que beneficiaría a la mayoría de los contribuyentes y contempla exenciones para propinas, horas extra y deducciones adicionales para personas mayores. El conflicto fiscal se desarrolla en un año electoral, en el que la gobernadora buscará la reelección, y podría marcar el tono de la agenda legislativa y el debate económico en Arizona.

Los senadores Ruben Gallego y Mark Kelly, de Arizona, presentaron la Stop Excessive Force in Immigration Act, una legislación bicameral que busca poner límites claros al uso de la fuerza por parte de ICE, incrementar la transparencia y fortalecer la supervisión de sus operativos. La iniciativa establece que las acciones de ICE deben cumplir con los estándares vigentes del Departamento de Justicia, enfatizando la desescalada, restringiendo el uso de fuerza letal a situaciones extremas y creando una obligación afirmativa de brindar asistencia médica. También permitiría investigaciones estatales o locales en casos de uso excesivo de la fuerza. La legislación se presenta en un contexto de creciente preocupación por tácticas agresivas, incluyendo el uso de granadas aturdidoras, gas lacrimógeno y balas de pimienta, así como operativos con agentes encapuchados. Bajo el presidente Donald Trump, se han documentado incidentes de fuerza excesiva contra ciudadanos estadounidenses, inmigrantes, periodistas y manifestantes. La propuesta incluye requisitos de identificación clara de agentes, uso obligatorio de cámaras corporales y vehiculares, entrenamiento anual y reportes periódicos del DHS y el DOJ sobre incidentes de fuerza. Organizaciones comunitarias, líderes religiosos y sindicatos han expresado su respaldo, señalando que la medida es clave para restablecer la confianza entre las comunidades y las autoridades federales.